Después de fracasar 9 a 2 en el juicio político, el Gobierno pretende que un decreto y la Caja de Previsión hagan lo que la Legislatura se negó a hacer: sacar del Tribunal a tres vocales. Lo que se presenta como un trámite jubilatorio es, en realidad, un descomunal exceso de poder.
Hay mamarrachos jurídicos que necesitan quinientas páginas para ser explicados. Este no.
La Constitución de Santa Cruz dice algo muy sencillo: los integrantes del Tribunal Superior permanecen en sus cargos mientras mantengan buena conducta y solamente pueden ser removidos mediante juicio político.
No dice que puedan ser echados por la Caja de Previsión Social. No dice que un gobernador pueda mandarlos a su casa mediante un decreto. Tampoco establece una edad máxima para ejercer como juez.
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