El proyecto de desendeudamiento presentado en Santa Cruz establece una serie de condiciones, garantías y mecanismos de protección para las familias alcanzadas por deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales.

La iniciativa contempla como beneficiarias a personas residentes en Santa Cruz que se encuentren en situación de mora y cuyos ingresos familiares estén dentro de los límites que determine la reglamentación. Otro de los requisitos será que la carga de la cuota de la deuda supere el 30% del ingreso familiar.

Entre las garantías previstas, el proyecto establece la prohibición explícita de exigir nuevas garantías reales sobre la deuda consolidada, buscando evitar que las familias deban comprometer nuevos bienes para ingresar al programa.

En cuanto a las entidades financieras, la adhesión será obligatoria para el Banco Santa Cruz, mientras que el resto de los bancos que operan en la provincia podrán incorporarse de manera optativa y acceder a incentivos fiscales.

Asesoramiento y protección frente a los bancos

El proyecto propone además la creación de un registro de abogados para brindar asistencia jurídica gratuita a las personas alcanzadas por el programa. También establece la exención del pago de tasas o gastos judiciales en las causas contempladas.

Otra de las herramientas incorporadas es la figura del “stop debit”, que permitirá suspender provisoriamente débitos o descuentos que sean cuestionados mientras se analiza cada situación. El mecanismo apunta también a frenar situaciones de hostigamiento vinculadas al cobro de las deudas.

Una comisión para controlar el programa

Para garantizar el seguimiento de la iniciativa y evitar que el control quede exclusivamente en manos de las entidades financieras, se propone crear una Comisión de Seguimiento y Contralor.

El organismo estará integrado por representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Abogados, organizaciones sindicales y entidades de defensa del consumidor.

Entre sus funciones estará recibir denuncias, fiscalizar el cumplimiento del programa y elaborar informes de gestión semestrales, incorporando así una instancia de participación y control sobre la aplicación del régimen de desendeudamiento.