La polémica por las tierras de Península de Magallanes sumó este viernes un capítulo clave. El juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, ordenó impedir que se inscriban transferencias, cesiones o nuevos derechos reales sobre las parcelas involucradas en la operación autorizada por el Gobierno de Santa Cruz mediante el Decreto 915/2026.
La resolución alcanza específicamente a las parcelas G2 y G3, pertenecientes a Lacustre del Sud S.A., cuya transferencia a ASB Hospitality Calafate S.A.U. fue autorizada de manera excepcional por el gobierno de Claudio Vidal. La sociedad compradora es argentina, pero está controlada por capitales de Emiratos Árabes Unidos.
La medida dispone que el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz se abstenga de inscribir cualquier acto que pueda modificar la situación registral de esos terrenos mientras continúa el proceso judicial.
La causa llega a la Corte Suprema
Al mismo tiempo, Vázquez se declaró incompetente para resolver el fondo del amparo y ordenó remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El juez consideró que la Provincia de Santa Cruz debe formar parte necesariamente del proceso, junto al Estado Nacional y las empresas involucradas. Al quedar enfrentados judicialmente Nación y una provincia, entendió que corresponde la intervención originaria del máximo tribunal.
El amparo fue impulsado por los diputados provinciales Agostina Mora Doldán, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Carlos Godoy, junto al Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS).
La presentación cuestiona la operación autorizada en Península de Magallanes y también plantea la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, que derogó la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales.
Los demandantes sostienen que la derogación de esa ley tiene consecuencias concretas en esta operación, vinculada a una empresa controlada por capitales extranjeros.
Qué frenó la Justicia
La resolución conocida este viernes no anula el Decreto 915 firmado por Vidal ni dispone, por ahora, la paralización general del emprendimiento turístico.
Lo que sí hace es impedir que la situación registral de las parcelas G2 y G3 sea modificada mientras interviene la Corte Suprema.
El juez fundamentó la decisión en la necesidad de evitar que se consoliden derechos a favor de terceros que puedan dificultar o volver ineficaz una futura resolución judicial.
De esta manera, la controversia por las tierras ubicadas en Península de Magallanes entra en una nueva etapa. La transferencia no podrá perfeccionarse registralmente en las condiciones actuales y ahora será la Corte Suprema la que deberá definir su competencia y cómo continúa una causa que vuelve a poner en discusión la extranjerización de la tierra y el alcance del DNU 70/23.
Fuente: Ahora Calafate / resolución del Juzgado Federal de Río Gallegos.