Pedro Luxen denunció ante la Justicia que efectivos y vehículos de la Policía de Santa Cruz habrían realizado tareas de vigilancia frente a su domicilio durante varios días. El jefe de Gabinete manifestó temor por su seguridad y la de su familia y solicitó protección de fuerzas federales.

Una denuncia presentada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Hernán Luxen, abrió un fuerte interrogante dentro del propio Gobierno provincial: ¿quién ordenó la presunta vigilancia sobre uno de los principales funcionarios de la administración de Claudio Vidal?

De acuerdo con la información conocida sobre la presentación judicial, Luxen habría advertido durante varios días la presencia reiterada de vehículos y efectivos policiales frente a su domicilio de Río Gallegos.

Personas que trabajan en la propiedad también habrían observado vehículos estacionados durante períodos prolongados. Entre los rodados mencionados aparecen un Peugeot 208, una Ford EcoSport marrón y una Fiat Strada gris oscuro.

El episodio que habría encendido definitivamente las alarmas ocurrió el 22 de agosto, alrededor de las 17 horas, cuando la esposa del funcionario encontró un Peugeot 208 estacionado frente a la propiedad.

Luxen habría identificado el dominio y constatado que se trataba de un vehículo perteneciente a la Policía de Santa Cruz. Ante esa situación, se acercó al conductor para preguntarle qué hacía en el lugar. El automóvil se retiró y Luxen lo siguió hasta una estación de servicio Axion ubicada en el barrio San Benito.

Según lo incorporado a la denuncia, allí se habría producido un intercambio con el conductor. El hombre habría reconocido pertenecer a la fuerza policial provincial y saber que Luxen era el jefe de Gabinete.

Pero el dato más delicado habría surgido después.

El efectivo habría señalado que el día anterior otro policía había permanecido frente al domicilio y que eran varios los efectivos y vehículos que realizaban turnos rotativos en el lugar.

De comprobarse judicialmente esta versión, ya no se estaría frente a la presencia circunstancial de un vehículo policial, sino ante una posible tarea organizada que habría requerido personal, vehículos oficiales y algún tipo de coordinación.

Luxen habría aportado además una filmación del conductor del Peugeot y mencionado la existencia de cámaras de seguridad de una propiedad vecina. Esos registros podrían resultar claves para reconstruir los movimientos ocurridos durante los días señalados en la denuncia.

Luxen pidió custodia federal

La situación adquiere todavía mayor gravedad porque el jefe de Gabinete manifestó temor por su seguridad y la de su familia.

Por ese motivo solicitó protección, pero planteó que la custodia sea realizada por fuerzas federales y no por la Policía de Santa Cruz, debido precisamente a que efectivos de esa fuerza serían quienes presuntamente participaron de las tareas denunciadas.

El caso abre así un escenario institucional particularmente delicado.

Luxen no es un dirigente opositor denunciando al Gobierno provincial. Es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de la administración de Claudio Vidal y ocupa la Jefatura de Gabinete desde marzo de 2026.

Por eso, si efectivamente existieron tareas de vigilancia, ahora deberá establecerse quién dio la orden.

¿Existía una orden judicial? ¿Había una investigación en curso? ¿Qué dependencia policial intervino? ¿Quién autorizó la utilización de vehículos y efectivos? ¿Qué muestran las planillas de servicio, los GPS de los móviles, los libros de guardia y las comunicaciones internas de la fuerza?

También deberá determinarse si las autoridades del Ministerio de Seguridad tenían conocimiento de la situación y hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades.

Por el momento, se trata de una denuncia que deberá ser investigada por la Justicia. Las filmaciones, los testimonios y los registros de las cámaras de seguridad mencionados en la presentación podrían permitir establecer qué ocurrió.

Pero si se confirma que distintos policías y vehículos oficiales realizaron turnos frente a la vivienda del jefe de Gabinete, la investigación tendrá que responder una pregunta mucho más profunda que la identidad de los efectivos involucrados.

Tendrá que determinar quién impartió la orden y con qué objetivo.

La pregunta que queda instalada dentro del propio Gobierno de Santa Cruz es directa:

¿Quién mandó a vigilar al jefe de Gabinete?